No a nuestra costa.

En dos décadas, nuestra costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.

Una reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, con una revisión del litoral deslindado (con más del 90% realizado), supondría un verdadero factor de inseguridad jurídica e implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.