Oceana pide al Gobierno español que haga efectivo de una vez el Reglamento del Mediterráneo, normativa europea que entró en vigor el 2006 y prohíbe la pesca de arrastre sobre ecosistemas de coralígeno y de maërl (o magrana, como se denomina comúnmente este último en Baleares). Según la organización internacional de conservación marina, el Gobierno dispone de información científica oficial del IEO y el CSIC sobre la distribución de esos hábitats y tiene la obligación legal de actuar, aunque sea con ocho años de retraso. No hacerlo, según Oceana, sería rayar en la prevaricación.