La Fiscalía de Castellón denunciará los hechos “aparentemente delictivos” ocurridos en el entorno del almacén de gas Castor contra los organismos públicos que concedieron la autorización y contra la empresa Escal UGS (la empresa que construyó la planta y que la gestionaba hasta su cierre por los seísmos en el Delta de Ebro), por “prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente”.